La ONU advirtió que la ola de violencia que atraviesa Colombia está cobrando un precio alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas.
El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, solicitó el martes al Gobierno colombiano investigar el operativo militar en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo en el que fallecieron al menos 11 personas, incluyendo a un gobernador indígena.
Las autoridades colombianas sostienen que los fallecidos en el operativo del pasado 28 de marzo en la zona rural del Putumayo eran miembros de un grupo disidente de las FARC, mientras que organizaciones civiles aseguran que los caídos eran líderes indígenas y comunitarios.
La Procuraduría de Colombia pidió a las Fuerzas Militares información sobre la operación ya que varias organizaciones sociales denunciaron que se trata de «falsos positivos».
Aunque reconoce los avances de la implementación de los acuerdos de paz, «no minimiza los obstáculos y los riesgos que aún amenazan la consolidación de la paz en el país», como la creciente ola de violencia que deben ser atendidas para una paz completa.
Ruiz Massieu también denunció el aumento de la presencia de actores armados en el departamento de Arauca y Putumayo, así como el reclutamiento de menores en estos territorios.
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