Oaxaca de Juárez, Oaxaca.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas regiones del país, en rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño que consideran una amenaza para su permanencia laboral.
En Oaxaca, la movilización contempla la toma de instalaciones judiciales federales en San Bartolo Coyotepec, mientras que en la Ciudad de México fueron cerradas sedes como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y la Torre Prisma. También se reportan protestas en Jalisco, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Puebla y otras entidades.
El conflicto surgió tras la publicación, el 5 de noviembre, de un acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en el Diario Oficial de la Federación, que establece nuevos criterios para evaluar al personal de carrera judicial.
Uno de los principales puntos de inconformidad es que el examen de conocimientos representa el 40% de la calificación, mientras que el porcentaje restante depende de otros indicadores, incluidas las valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.
Los manifestantes advierten que este sistema podría abrir espacio a decisiones discrecionales, represalias laborales y eventuales separaciones del cargo. También denuncian condiciones de acoso laboral y exigen respeto a su antigüedad y derechos adquiridos.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial aclaró que las evaluaciones programadas para diciembre de 2026 tendrán carácter exclusivamente diagnóstico, sin consecuencias inmediatas para la permanencia del personal. Aseguró que servirán para identificar necesidades de capacitación y manifestó su disposición al diálogo.
Sin embargo, los trabajadores mantienen su rechazo a los criterios establecidos y demandan cambios que garanticen evaluaciones objetivas, sin poner en riesgo sus empleos.
La suspensión de actividades afecta la atención ordinaria en las sedes participantes, aunque se contempla mantener guardias para asuntos urgentes. Los usuarios con trámites judiciales deberán verificar las disposiciones de cada órgano jurisdiccional.
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