Discuten en Legislatura propuesta para garantizar derechos de las y los trabajadores agrícolas indígenas de Oaxaca

Las y los integrantes de la Cámara de Diputados local, analizan enviar un exhorto al gobierno estatal para que genere las estrategias necesarias para garantizar un trato digno para las y los trabajadores agrícolas indígenas de Oaxaca, quienes buscan mejores condiciones de vida para sus familias y emigran a diferentes estados del país.

Las y los jornaleros oaxaqueños migrantes suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad debido a los diferentes factores que evidencian la falta de respeto a sus derechos humanos y laborales.

De igual manera, están expuestos en los campos agrícolas a que sean víctimas de abusos que van desde las irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y al no existir un contrato que genere una relación con el empleador, no existe ningún beneficio concreto para ellas y ellos.

El 25 de febrero de 2022, José Teobaldo Mateos Nolasco, joven originario de San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca, murió al ser atropellado por un tractor dentro de un rancho de productos vegetales ubicado en el estado de Querétaro. Ante el hecho, los padres de José no recibieron ningún tipo de ayuda por parte de esta empresa, además de que no contaba con ningún tipo de prestación.

Ocupados en esta problemática, las y los diputados de la 65 Legislatura, enviarían un exhorto al titular del Ejecutivo estatal, para que realice las acciones necesarias ante el gobernador del estado de Querétaro, y se garantice el respeto a los derechos humanos y laborales de los mismos.

Y que se vigilen las condiciones salubres y dignas de las y los trabajadores agrícolas indígenas de Oaxaca, realizando el acompañamiento necesario en materia legal, psicológica y de asistencia social para las familias que así lo requieran.

La propuesta fue presentada por el diputado Víctor Raúl Hernández López y las legisladoras Ysabel Martina Herrera Molina y Minerva Leonor López Calderón y turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para su aprobación.