DETRÁS DE LA NOTICIA POR:
Alfredo Martínez de Aguilar
* Los grupos y organizaciones sociales y políticas han degenerado su proceso de descomposición pasando de la presión y el chantaje a la extorsión y a la agresión física en bloqueos y toma de casetas de peaje.
* Las organizaciones políticas, sociales y sindicatos de transportistas que manipulan a los vendedores ambulantes operan como delincuencia organizada al cobrar derecho de piso y venta de protección.
(A nuestros amigos Lalo y Paco Muñozcano Skidmore por el fallecimiento de su hermano Rodolfo Ernesto, y a Luis Enrique y Laura García Gómez, por el fallecimiento de su mamá doña María José. Un abrazo fraterno y solidario en estos momentos difíciles. Descansen en paz)
Una de las mayores maldiciones en Oaxaca, si es que estas existen son, sin duda alguna, los bloqueos de calles y carreteras, así como la toma de oficinas y casetas de peaje en la autopista a Puebla.
A estos se suma la proliferación de los comerciantes informales, conocidos popularmente como vendedores ambulantes, que colapsan las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña.
Las organizaciones políticas, sociales y sindicatos de transportistas que manipulan a los vendedores ambulantes operan como delincuencia organizada al cobrar derecho de piso y venta de protección.
Con todo y lo grave por sí mismo que resulta el atentado al derecho humano a la libertad de tránsito y el ataque a las vías generales de comunicación, cada día se agrava más el problema en cuestión.
Los grupos y organizaciones sociales y políticas han degenerado su proceso de descomposición de la presión y el chantaje a la extorsión y a la agresión física en bloqueos y toma de casetas de peaje.
Resulta harto condenable que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la Ley y combatir estos pecados sociopolíticos capitales.
Pero más condenable resulta que la inmensa mayoría de la población afectada no sea capaz de mover ni siquiera un dedo para demandar que respeten su derecho humano a la libertad de tránsito.
De ahí la trascendencia política, social y económica de la lucha emprendida por el movimiento social ciudadano Unidos por Oaxaca #UNO, por concientizar y organizar la defensa de nuestros derechos.
De ninguna manera se trata de convocar a la confrontación, pero sí de llamar permanentemente a la defensa pacífica y legal del Estado de Derecho, a través de las herramientas que este nos brinda.
De gran ayuda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno es la presentación de quejas y denuncias en contra de la violación de los derechos humanos y, en su caso, Juicios de Amparo.
Las benditas redes sociales informaron ayer que, otra vez, armados de palos, grupos sociales se apoderaron de la caseta de peaje de Coixtlahuaca y cobraron cuota de 70 pesos a automovilistas.
Los vehículos de los conductores que se negaron a pagar el “impuesto revolucionario” fueron dañados con los palos usados como armas. Los conductores están a merced de estos «delincuentes».
El problema se complica porque no es el único caso. Las redes sociales también informaron ayer que el FPR Oaxaca hizo de las suyas en Ciudad Administrativa con pintarrajeos, amenazas y bloqueos.
Las demandas de la organización marxista-leninista Frente Popular Revolucionario fueron atendidas por el Secretario General de Gobierno, Francisco García López, y de COPLADE, Jorge Toledo Luis.
Los cibernautas criticaron que en la mesa de diálogo se negociaran 80 millones de pesos de «techo financiero» para la organización radical marxista-leninista Frente Popular Revolucionario en 2022.
No falta razón a las críticas de los cibernautas de las redes sociales porque no se justifica que a una organización radical, caracterizada por la cerrazón e intransigencia, se le entreguen 80 millones.
Lo peor de todo, es que el cobro del “impuesto revolucionario” en la caseta de peaje de Coixtlahuaca como la negociación en el ataque a Ciudad Administrativa, únicamente beneficia a los dirigentes.
Al igual que las otras organizaciones políticas y sociales, el Frente Popular Revolucionario desvía los recursos a las cuentas bancarias de sus dirigentes, por más etiquetados que supuestamente estén.
La mayor prueba de esta amplia y detallada corrupción documentada por años es que la mayoría de las obras sociales etiquetadas no existen o bien, están inconclusas o fueron mal construidas.
En tales condiciones, la pobreza, ignorancia y marginación de los municipios, comunidades y pueblos beneficiarios, no ha cambiado, porque las obras no se hicieron y se robaron el dinero.
En el caso de la organización radical marxista-leninista FPR el desvío de recursos vía la simulación en la construcción de obras es mucho más preocupante por sus nexos con grupos armados.
No sólo los órganos de inteligencia, civiles y militares, sino las diversas corporaciones policíacas municipales, estatales y federales, no ignoran este asunto al ser materia de seguridad nacional.
Los oaxaqueños llevan padeciendo casi medio siglo los atentados de los grupos de presión y chantaje históricos, tradicionales y emergentes, que a la fecha suman alrededor de 500 en todo el estado.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
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