La diputada del Partido del Trabajo (PT), Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, se sumó a la exigencia de justicia para la adolescente que fue violada sexualmente y que recientemente dio a luz a su bebé, en la región de la Costa de Oaxaca.
Informó que la menor de edad fue violada sexualmente en el año 2021, y tras ello, quedó embarazada, posteriormente fue entregada a un adulto sin su consentimiento, quien exigía más de 14 mil pesos, para la liberación de la adolescente.
El 12 de enero de este año, la menor dio a luz, y el 19 de este mes, ella y su bebé fueron trasladadas por la Fiscalía al Centro de Justicia para Mujeres en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, su traslado se dio sin aplicar el protocolo de seguridad y violando sus derechos, ya que tampoco contó con un intérprete que le informara en su lengua mixteca el procedimiento que seguiría; además quedó incomunicada con la parte de su familia que denunció el caso.
Ante la serie de violaciones y omisiones institucionales, la legisladora dijo, es necesario que la Fiscalía General garantice la perspectiva de género en la investigación y se frene la re victimización de la menor de edad y de su bebé.
“Se investigue con perspectiva de género, ponderando el interés superior de ambas menores, la violación de la adolescente, resolviendo de manera inmediata el caso”, declaró.
Asimismo, se sumó a la exigencia de las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, quienes demandaron la destitución de la titular de la Fiscalía de Género de la Costa, Maribel Nicolás, y de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), Tania Albarrán Ocampo, por presuntamente vulnerar la seguridad de las menores de edad, incurrir en prácticas de violencia institucional y en una revictimización de las mujeres.
“Se han mostrado incompetentes para asumir estos cargos”, consideró.
Llamó también a los integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos, Igualdad de Género, Administración y Procuración de Justicia, y Seguridad y Protección Ciudadana, de la 65 Legislatura local, a establecer mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado para revisar el tema de la adolescente y de los demás casos de violencia contra las mujeres a fin de garantizarles el acceso a la justicia y castigo a sus agresores.
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