Prometiendo una bolsa millonaria de recursos a las autoridades municipales de San Juan Cotzocón, Mixe, el exdiputado local, Saúl Cruz Jiménez, les propuso a cambio otorgarle la asesoría técnica y contable de la tesorería municipal a un amigo suyo, quién finalmente vació las arcas municipales, provocando que el exedil, Artemio Pérez Torres, fuera expulsado de la comunidad y sus bienes confiscados por decisión del pueblo.
Esa es la denuncia de una gran parte de pobladores ese municipio, quienes han sufrido en carne propia esta situación y que se dan cuenta que en la comunidad no existe ninguna obra importante que se pueda agradecer a estos personajes.
Señalan que el exlegislador del PT-MORENA, recomendó a su amigo, ofreciendo para ello una bolsa de 10 millones de pesos en obras para la comunidad, bajo la promesa de que más adelante gestionarían más recursos y apoyos para el ayuntamiento del Bajo Mixe.
Con este ofrecimiento, tanto las autoridades municipales, como los pobladores de la cabecera municipal y sus 25 agencias municipales y de Policía, vieron la gran oportunidad de ver cumplidas sus demandas ancestrales en infraestructura social, sin embargo, la realidad fue otra, ya que con el paso del tiempo vieron con tristeza que en el pueblo y en sus agencias municipales no había ningún proyecto de obras.
Manifiestan que en diciembre de 2021, al acercarse el relevo municipal, se convencieron y confirmaron que habían sido engañados y saqueadas sus arcas municipales por el diputado y su amigo el contador, quienes nuevamente violaron los principios de MORENA, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y ellos mintieron, robaron y traicionaron la confianza de un pueblo.
Ante este escandaloso escenario, considerado un asalto en despoblado, los pobladores de San Juan Cotzocón, Mixe, regidos por el Sistema Normativos Indígenas (usos y costumbres), solicitaron a su autoridad municipal un informe detallado sobre su administración y el destino de las millonarias participaciones que recibieron de la Federación y del Estado.
Ante la omisión del edil por no informar oportunamente a sus representados sobre el millonario desfalco, los pobladores decidieron enjuiciarlo en asamblea comunitaria y la decisión fue expulsarlo de la comunidad junto con su familia, sin derecho a ingresar ni como visitante.
Así mismo, de manera precautoria, decidieron confiscarle todos sus bienes, un rancho, terrenos de cultivo, un huerto, dos camionetas y una casa, como medida para restituir parte de los recursos defraudados a la tesorería municipal.
Esta historia de corrupción y complicidades esta a punto de repetirse nuevamente en la misma comunidad del Bajo Mixe, hasta donde ha llegado el diputado local de MORENA, Pablo Díaz Jiménez a ofrecer una bolsa de 15 millones de pesos en obras a cambio de que las nuevas autoridades municipales le adjudiquen la ejecución de obras por asignación directa a la constructora propiedad de Braulio Domínguez.
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