Al comprobárseles conductas irregulares que impactan directamente en la atención y el servicio a la ciudadanía así como falta de ética en su desempeño, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, cesó a tres servidores públicos, una mujer y dos hombres, que fungían como Secretarios de Acuerdos en diferentes juzgados de la entidad.
La determinación de revocar el nombramiento y dar por terminada la relación laboral con dichos trabajadores, se tomó ante las múltiples quejas recibidas de manera formal y la existencia de diversos cuadernos de investigación e instructivos de responsabilidad proporcionados por la Visitaduría General.
Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, señaló que en el Poder Judicial del Estado, la corrupción no es un fenómeno generalizado.
“La mayoría de las juzgadoras y juzgadores se conducen con independencia y honestidad, pero la existencia de cierto número de casos daña seriamente la imagen institucional, lo que pone de relieve la necesidad de consolidar una cultura que imponga altos estándares de servir con integridad, excelencia, sensibilidad social y transparencia en la función judicial”, resaltó.
Mencionó que desde el día uno de su gestión se implementó la política pública de “Humanizar la Justicia”, con el compromiso de ser una institución cercana a la población y brindar un trato digno y aseguró que cualquier conducta indebida que lucre con la justicia será sancionada.
Cabe señalar que durante el proceso de investigación, los derechos humanos de dichos servidores fueron respetados en todo momento y conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, se establece que al ser trabajadores de confianza, el patrón al perderles la misma, tiene toda la facultad de revocarles su nombramiento.
Entre los tipos de quejas presentadas contra de ellos, se encuentran comportamientos que contravienen los valores de excelencia y probidad, falta de eficiencia en el desempeño de la función pública como actos de omisión, extravío de documentos, dilación en los acuerdos de ciertos expedientes y prontitud en otros tantos, que advierten de alguna manera, un beneficio económico para los mismos. Incluso, la falta de atención y malos tratos por parte de una de las personas cesadas derivó que alcaldes municipales de la Sierra Norte se inconformaran.
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