Las y los integrantes del Congreso del Estado de Oaxaca exhortan al titular del Ejecutivo estatal, para que se coordine con el gobierno de Sinaloa a fin de garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social de los jornaleros agrícolas y sus familias del estado de Oaxaca que trabajan en los campos agrícolas de ese estado del país.
Y es que, debido a la vigente pandemia, las y los campesinos que por la necesidad de sacar adelante a sus familias emigran de Oaxaca, sufren grandes rezagos en el acceso al sistema de salud que los convierte en una población muy vulnerable ante esta situación.
En este sentido, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), en su informe “Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas”, refiere que en las entidades del norte de México trabajan más de 200 mil jornaleros, 80% de ellos concentrados en la región noroeste, conformada por Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.
Tal es el caso de un grupo de jornaleros de la zona triqui radicados en Sinaloa, quienes a través de redes sociales, han manifestado su preocupación ante el alto índice de contagios por Covid-19, ya que muchos de ellos no cuentan con atención médica o con un seguro otorgado por parte de sus empleadores.
Por ello, para las y los integrantes del Congreso de Oaxaca es urgente garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros agrícolas debido a las condiciones en las que se desempeñan además de su alta movilidad a lo largo de la República. Debido a ello, pueden regresar enfermos a sus comunidades existiendo mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores más pobres y marginados.
En virtud de esta situación las y los diputados locales realizan esta exigencia al gobierno estatal para que a través de la Secretaría General de Gobierno, realice las acciones necesarias en conjunto con las autoridades sinaloenses para asegurar que las y los trabajadores del campo de Oaxaca radicados en ese estado, reciban la información necesaria y en su caso atención médica.
Este punto de acuerdo que fue propuesto por la diputada Leticia Socorro Collado Soto y el legislador Nicolás Enrique Feria Romero fue turnado a la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social y aprobado por el Pleno con 23 votos.
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