La LXV Legislatura exigió al Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Contraloría Interna, vigilar actos y cobros ilegales, que supuestamente realiza el ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca a comerciantes y contribuyentes.
El periódico de los oaxaqueños
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