𝗨𝗻𝗮 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹í𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮: 𝘀𝗲𝗶𝘀 𝗮ñ𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮.

Las ausencias no prescriben. En Oaxaca, la deuda con las familias de personas desaparecidas sigue abierta desde hace más de seis años, cuando la legislación estatal y federal ordenó crear la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada en un plazo máximo de 60 días. Ese mandato legal nunca se cumplió.

Este martes, integrantes del Movimiento Busco al Mío, Buscando a Todos a.c. regresaron al H. Congreso del Estado de Oaxaca para poner el tema de nuevo sobre la mesa. No fue una visita simbólica: fue un recordatorio directo de que la ley existe, pero la institución sigue sin materializarse.

Alrededor de 20 familias participaron en el encuentro. Representan casos que llevan años detenidos en escritorios ministeriales, investigaciones incompletas, búsquedas inconclusas y expedientes que se acumulan mientras el tiempo avanza sin respuestas. Algunos de esos casos ya terminaron en localizaciones sin vida; otros permanecen en la incertidumbre absoluta.
Las familias fueron recibidas por la diputada Tania Caballero, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y por la diputada Analy Peral Vivar, presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El reclamo fue directo: la omisión del Estado no es técnica ni administrativa, es una falta grave frente a una obligación legal clara.

La creación de la Fiscalía Especializada volvió a plantearse en el marco de los diálogos nacionales entre colectivos de familiares y la Secretaría de Gobernación. Para concretarla en Oaxaca se requieren reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Las legisladoras señalaron que los dictámenes podrían estar listos en aproximadamente un mes.

Pero el planteamiento de las familias fue más allá del papel. Advirtieron que una Fiscalía sin recursos sería solo una simulación. Exigieron presupuesto suficiente, personal especializado, y un fortalecimiento real de la Comisión Estatal de Búsqueda y de la Comisión de Atención a Víctimas. La búsqueda, recordaron, requiere campo, tecnología, análisis y acompañamiento constante.

Desde el movimiento reconocen que, pese a la falta de respaldo institucional, han logrado resultados: personas localizadas con vida y otras recuperadas sin ella. Sin embargo, subrayan que esa carga no debería recaer en quienes ya viven el peso de la ausencia.
El tema volvió al Congreso. La deuda sigue vigente. Y la pregunta permanece abierta: si esta vez Oaxaca cumplirá con la ley o permitirá que el tiempo continúe corriendo en contra de quienes esperan noticias de alguien que nunca regresó.