Un fallo judicial cambió el rumbo de un caso que llevaba más de una década en tensión. Integrantes de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón informaron que obtuvieron un amparo que deja sin efecto alrededor de 200 órdenes de aprehensión emitidas contra 50 comuneros.
La resolución fue dictada el pasado 19 de marzo por una jueza federal con sede en Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa por la activista Argelia Betanzos, la determinación se basó en la falta de pruebas suficientes para sostener los delitos imputados, entre ellos robo calificado e incendio.
El caso había sido cuestionado por especialistas, quienes señalaron inconsistencias en los hechos denunciados. Entre los argumentos, se planteó la dificultad material de sustraer más de dos toneladas de mercancía en un tiempo reducido y, al mismo tiempo, ejecutar otros actos delictivos.
A pesar del amparo, los comuneros sostienen que las acusaciones continúan en el ámbito local. Por ello, exigieron a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca acatar de inmediato la resolución federal y frenar cualquier orden de aprehensión vigente.
En el mismo posicionamiento, señalaron a la diputada local Eliza Zepeda, a quien responsabilizan de haber impulsado las acusaciones desde 2014, incluyendo señalamientos por tentativa de homicidio. También anunciaron que solicitarán acciones políticas en su contra ante instancias partidistas y legislativas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el uso de procesos penales en conflictos comunitarios y el peso de las resoluciones federales frente a las decisiones locales. Mientras tanto, los comuneros insisten en que el fallo debe traducirse en un alto total a las acciones judiciales en su contra.
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