𝗥𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀; 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮

En el H. Congreso del Estado de Oaxaca se puso sobre la mesa un tema que ha marcado la vida pública en distintos municipios: la violencia política contra mujeres y lo que ocurre después de denunciarla.

La diputada Dennis García Gutiérrez presentó una iniciativa que busca garantizar que las víctimas no se queden solo con una sanción contra el agresor, sino que reciban una reparación completa del daño.

El planteamiento modifica la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. La propuesta apunta a un cambio de fondo: pasar de castigos generales a un esquema que obligue a restituir derechos y atender las consecuencias personales, económicas y emocionales que deja este tipo de violencia.

Entre las medidas contempladas están la indemnización, la restitución en el cargo cuando haya sido arrebatado, disculpas públicas, atención médica y psicológica, así como acciones que eviten que los hechos se repitan.

En la exposición de motivos, la legisladora plantea que la justicia no termina con la sanción. El impacto de la violencia política suele romper trayectorias, frenar carreras públicas y afectar la vida personal de las víctimas, por lo que la ley debe responder con mecanismos concretos y aplicables.

La iniciativa también pone el foco en los municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, donde se han documentado prácticas como la retención de dietas, obstáculos para ejercer el cargo, agresiones físicas y ataques en espacios digitales.

Otro punto relevante es que las medidas de reparación podrían dictarse no solo a solicitud de la víctima, sino también de oficio por parte de la autoridad, lo que abre la puerta a una intervención más directa en casos documentados.

El documento fue turnado para su análisis en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal. Su discusión marcará si el Congreso avanza hacia un modelo de justicia que no se quede en el castigo, sino que atienda las consecuencias reales de la violencia.