El Congreso del Estado de Oaxaca abrió la discusión sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mediante un foro informativo previo al proceso de consulta con las comunidades.
El encuentro fue organizado por la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con el objetivo de explicar los alcances de la iniciativa y generar condiciones para que pueblos y comunidades participen de manera previa, libre e informada.
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La presidenta de la Comisión, Elisa Zepeda Lagunas, señaló que el proceso deberá construirse escuchando directamente a las comunidades y advirtió que “legislar sin escucharlos sería repetir una historia oscura”.
Durante la inauguración, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tania Caballero Navarro, sostuvo que los derechos de los pueblos no pueden legislarse sin su participación directa.
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La propuesta tiene entre sus objetivos garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad pertenecientes a pueblos indígenas y afromexicanos.
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Durante el foro, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez y la legisladora Irma Juan Carlos explicaron parte de la estructura del proyecto.
De acuerdo con lo presentado, el nuevo instrumento jurídico contempla ocho libros, 453 artículos y un régimen transitorio, bajo una estructura vinculada con las disposiciones establecidas en la Constitución federal.
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La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Eva Diego Cruz, señaló que el proceso deberá permitir que la información llegue de manera clara y accesible a las comunidades de las ocho regiones de Oaxaca.
Al foro acudieron diputadas y diputados locales, representantes de instituciones estatales, autoridades municipales y funcionarios relacionados con derechos indígenas y afromexicanos.
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El siguiente reto será llevar la discusión más allá del Congreso: las comunidades deberán conocer qué propone la ley, cómo puede modificar el ejercicio de sus derechos y contar con espacios efectivos para expresar su posición antes de que avance el proceso legislativo.