𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗻𝗱𝘂𝗿𝗲𝗰𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶ó𝗻 𝗮 𝘃í𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮

En el salón de sesiones del Congreso local se puso sobre la mesa un tema que duele y persiste: la trata de personas. El diputado Zeferino García Jerónimo presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en el estado.

La propuesta plantea reforzar el marco jurídico con tres ejes: interseccionalidad, interculturalidad y enfoque de derechos humanos. Esto implicaría que las autoridades, al prevenir, investigar y sancionar este delito, tomen en cuenta las desigualdades estructurales, las condiciones de marginación y la diversidad cultural que atraviesan a Oaxaca.

El legislador señaló que la entidad no está al margen de este fenómeno y que impacta con mayor fuerza a quienes enfrentan pobreza, barreras lingüísticas o aislamiento geográfico. En ese contexto, la iniciativa amplía los supuestos de protección para personas que no puedan comprender el significado del hecho o resistir la conducta, así como para integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

También se propone armonizar las sanciones bajo el esquema de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sustituyendo la referencia en días, en línea con el proceso de desindexación previsto en la legislación federal y estatal. La intención es evitar que los ajustes al salario mínimo impacten directamente en multas u obligaciones económicas.

Otro punto relevante es el incremento de penas cuando las víctimas pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo su situación de mayor vulnerabilidad frente a este delito.

Durante su exposición, el diputado advirtió que factores como la migración, la desigualdad y la corrupción abren espacio a redes de explotación, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y garantizar atención integral a víctimas y denunciantes, evitando la revictimización y protegiendo el interés superior de la niñez.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen. El debate apenas comienza, pero el trasfondo es claro: en un estado con profundas brechas sociales, la ley debe estar a la altura de quienes más necesitan protección.