𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗯𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗜𝗦𝗦𝗦𝗧𝗘

El senador Antonino Morales Toledo anunció que la próxima semana presentará una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para modificar las reglas que actualmente condicionan el acceso a pensiones por fallecimiento en casos de concubinato.

La propuesta plantea eliminar el requisito de acreditar entre dos y cinco años de convivencia para que la concubina o el concubinario pueda recibir pensión o servicios de seguridad social. El ajuste, explicó, pretende armonizar la ley con los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con los principios constitucionales de igualdad y protección de la familia.

Hoy, la norma exige que la pareja haya vivido como cónyuge durante los cinco años previos al fallecimiento o que existan hijas o hijos en común. Ese parámetro temporal ha dejado fuera a personas que mantenían una relación estable pero no alcanzaron el plazo establecido.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa sustituye el criterio rígido basado únicamente en el tiempo por una valoración integral del vínculo. Se mantendría la obligación de probar la existencia de la relación, pero sin una barrera automática que invalide el derecho por no cumplir un número fijo de años.

La reforma contempla cambios a los artículos 41 y 131 de la Ley del ISSSTE. En el primero, se redefine el concepto de concubinato como convivencia estable, pública y permanente, acreditable mediante pruebas que demuestren comunidad de vida e interdependencia económica. En el segundo, se elimina el plazo mínimo de dos años para acceder a servicios médicos y prestaciones, dejando al Instituto la facultad de resolver controversias con base en pruebas y bajo criterios de legalidad y objetividad.

Morales señaló que los ajustes se alinean con las reformas que anticipó la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de pensiones, incluida la revisión de los llamados privilegios en el sistema.

La discusión no es menor: detrás de cada expediente hay familias que enfrentan la pérdida de un ingreso y la incertidumbre sobre la cobertura médica. El debate legislativo definirá si el acceso a la seguridad social se rige por un calendario estricto o por la realidad acreditada de una vida en común.