𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻 𝗯𝗹𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼𝘀 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲𝘀.

En Oaxaca, envejecer suele significar enfrentar riesgos silenciosos dentro del propio hogar: disputas por bienes, dependencia económica o cuidados sin acuerdos claros. Ese escenario llevó al H. Congreso del Estado de Oaxaca a recibir una iniciativa enfocada en garantizar una vejez digna, autónoma y libre de violencia.

La diputada Biaani Palomec presentó una propuesta para incorporar un capítulo específico sobre Derechos Familiares de las Personas Adultas Mayores en el Código Familiar del Estado. El planteamiento apunta a regular los deberes de cuidado y apoyo dentro de las familias, reconocer acuerdos de atención con compensaciones y cerrar la puerta a abusos económicos y patrimoniales.

El documento también plantea dotar de herramientas legales a familias, personas adultas mayores y autoridades judiciales para prevenir conflictos y, cuando sea necesario, resolverlos con enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de edad.

El contexto no es menor. De acuerdo con datos del Inegi, en Oaxaca viven más de 440 mil personas de 60 años o más, equivalentes al 11.7 por ciento de la población estatal. La proyección indica que para 2030 ese porcentaje podría llegar al 15 por ciento, lo que presiona a las familias y al sistema legal para responder a nuevas realidades.

La iniciativa reconoce que las personas adultas mayores siguen activas en la vida comunitaria y económica, pero enfrentan vulnerabilidades específicas: dependencia en cuidados cotidianos, manejo de su patrimonio y relaciones familiares marcadas por desequilibrios de poder. Una parte de los conflictos más graves surge, precisamente, en el ámbito familiar, cuando los cuidados y los bienes se administran bajo presión o abuso de confianza.

El proyecto se apoya en mandatos constitucionales, normas internacionales y en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, que obligan a generar condiciones reales de protección y prevención. La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.