El salón de conferencias abrió con un dato muy interesante, Oaxaca ejercerá en 2026 más de 108 mil millones de pesos, un aumento de 5.7% respecto al año anterior. Francisco Niño Hernández, presidente de la Comisión de Presupuesto, fue el primero en tomar la palabra y planteó el punto central: hay más recursos en la bolsa pública y eso, en teoría, debe sentirse en cada región.
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Con voz pausada, el legislador habló de nuevas obras de captación de agua para la Mixteca, respaldos al campo, incrementos en seguridad y apoyos educativos. Resaltó que 40 legisladoras y legisladores votaron a favor, un consenso que pocas veces se ve en sesiones de cierre de año.
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Luego siguió el desglose. Niño Hernández y la bancada presente enumeraron montos que tocan la vida diaria: aumentos a programas sociales, recursos para modernizar el campo, inversión en vivienda, mejoras salariales para policías y personal de investigación, y partidas para enfrentar la alerta de violencia de género, incluyendo refugios y atención especializada.
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A la explicación presupuestal se sumó Denisse García Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Igualdad, quien trajo un tema que impacta de manera directa la seguridad de mujeres y adolescentes: la reforma al delito de abuso sexual. De forma clara, enumeró los cambios centrales:
— Desde ahora, cualquier acto realizado sin consentimiento —tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones sexuales— se considera abuso sexual.
— El delito se reconoce también si ocurre en espacios públicos o en oficinas gubernamentales.
— La pena aumenta a un rango de 6 a 10 años.
— Y, quizá lo más relevante para las víctimas: la investigación será oficiosa, sin necesidad de denuncia inicial.
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García Gutiérrez subrayó que la actualización del tipo penal va en línea con la legislación federal, fortaleciendo la respuesta institucional ante un delito que sigue afectando a miles de mujeres en el país.
El cierre estuvo a cargo del diputado Benjamín Viveros Montalvo, quien explicó la recién aprobada Ley Estatal de Combate a la Extorsión. Dijo que el objetivo es que comerciantes, transportistas, comunidades y sectores vulnerables tengan un respaldo jurídico más firme. La ley contempla una unidad especializada, mecanismos de coordinación con municipios, campañas informativas y una estrategia estatal que obliga a dar atención inmediata a las víctimas. Para él, se trata de construir un piso legal que reduzca un delito que ha golpeado el tejido social en todo el país.
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La conferencia terminó entre apuntes, cifras y advertencias. Para la ciudadanía, más allá del lenguaje legislativo, lo importante será vigilar cómo se traducen estos anuncios en servicios que funcionen, acciones que sí lleguen a las comunidades y procesos de denuncia que realmente acompañen a quienes enfrentan violencia. En cada región, cuidar documentos, teléfonos y pertenencias sigue siendo esencial ante cualquier intento de extorsión o abuso; reportar a tiempo y buscar apoyo institucional puede marcar diferencia.