𝗣𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝗮𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘂𝗱𝗮𝘀 𝗽ú𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼

San Raymundo Jalpan, Oax., 12 de enero de 2026.— Una reforma legal presentada en el H. Congreso del Estado de Oaxaca propone que las decisiones financieras que comprometan recursos públicos a largo plazo no se tomen sin el consentimiento previo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas cuando estas medidas impacten directamente en su vida colectiva.

El diputado Iván Osael Quiroz Martínez presentó una iniciativa para modificar la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, con el fin de incorporar como materia obligatoria de consentimiento comunitario la contratación de deuda pública, financiamientos, asociaciones público-privadas y otros esquemas que generen obligaciones financieras futuras desde el ámbito estatal o municipal.

La propuesta parte de la idea de que el endeudamiento no es solo un asunto técnico o administrativo. De acuerdo con lo expuesto, se trata de decisiones estructurales que pueden limitar la autonomía financiera, condicionar la prestación de servicios públicos y afectar la capacidad de autogobierno de las comunidades, no solo en el presente, sino también para las generaciones que vienen.

En la exposición de motivos se señala que el derecho a la consulta y al consentimiento no debe reducirse a proyectos con impacto territorial o ambiental, sino ampliarse a medidas normativas y financieras que inciden de manera profunda en la organización comunitaria y en el ejercicio de los derechos colectivos.

El legislador advirtió que la falta de un reconocimiento explícito de estas decisiones dentro de la ley genera vacíos que pueden derivar en conflictos comunitarios, incertidumbre jurídica y cuestionamientos a la legitimidad de las decisiones públicas. Aclaró que la reforma no busca impedir el endeudamiento, sino establecer reglas de participación cuando estén en juego derechos colectivos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, donde será analizada y dictaminada. El debate abre una discusión de fondo: quién decide sobre el futuro financiero cuando ese futuro también pertenece a las comunidades.