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Con la temporada crítica a la vuelta de la esquina, el Gobierno de Oaxaca ajustó su ruta para enfrentar los incendios forestales de 2026. En Santa Lucía del Camino, el gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la instalación del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal Forestal del año.
Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, el mandatario subrayó que la protección de los bosques pasa por anticiparse al riesgo y actuar de manera coordinada. Habló de una cultura de protección civil anclada en la prevención y la corresponsabilidad, donde la reacción oportuna puede marcar la diferencia entre un conato y una emergencia mayor.
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Como parte de la estrategia, anunció que en los próximos días se instalarán subcomités regionales de protección contra incendios, con la participación directa de autoridades municipales y representantes agrarios, quienes suelen ser el primer frente ante este tipo de siniestros en las comunidades.
Durante la sesión se presentó el balance del Plan Operativo de Manejo del Fuego 2025. Entre los resultados, destaca la instalación de ocho subcomités regionales y la operación del Centro Estatal de Manejo de Fuego, integrado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Estatal Forestal (Coesfo).
Para este año, la directora de la Coesfo, Magdalena Coello Castillo, informó que se proyecta contar con 21 brigadas estatales, 18 de la Conafor, siete de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y un equipo técnico especializado de 12 personas, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta en todo el territorio.
Las cifras explican la urgencia. De acuerdo con Conafor, en 2025 se validaron 201 incendios forestales en Oaxaca, con una afectación de 36 mil 221 hectáreas. Estos datos colocan al estado en el décimo lugar nacional por número de siniestros y en el sitio 13 por superficie dañada.
La instalación del comité marca el inicio formal de una temporada que, año con año, pone a prueba la coordinación institucional y la responsabilidad colectiva frente a uno de los patrimonios más frágiles del estado: sus bosques.