La diputada Irma Pineda Santiago, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y establecer obligaciones concretas para las autoridades ante las protestas y manifestaciones ciudadanas.
La propuesta plantea que el derecho de la población a manifestarse pacíficamente debe estar acompañado de una obligación inmediata, irrenunciable y verificable del Estado para escuchar, dialogar y desplegar acciones orientadas a resolver las causas de la inconformidad.
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Pineda Santiago señaló que detrás de toda marcha, concentración o movilización existe una demanda que surge porque una autoridad no respondió, un trámite quedó inconcluso, un derecho fue vulnerado o los canales institucionales resultaron insuficientes.
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La legisladora consideró que no basta con que las autoridades permitan una protesta, resguarden edificios públicos, administren el tránsito o esperen a que las personas se retiren. Sostuvo que la respuesta democrática comienza cuando el gobierno escucha y atiende el origen del conflicto.
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La iniciativa propone adicionar dos párrafos al artículo 19 de la Constitución local para obligar a la administración pública estatal a establecer, de manera inmediata, mecanismos institucionales de atención, diálogo y seguimiento ante cualquier expresión colectiva de inconformidad.
También establece que el Estado deberá abstenerse de realizar actos materiales o administrativos dirigidos a hostigar, desgastar o inhibir una protesta ciudadana.
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Irma Pineda aclaró que la propuesta no pretende imponer permisos, avisos previos, requisitos ni restricciones al derecho a manifestarse. El objetivo, explicó, es establecer responsabilidades para el poder público y transitar de un modelo enfocado en contener las protestas a otro basado en escuchar, atender y construir soluciones.
De aprobarse la reforma, las autoridades tendrían que identificar la naturaleza de cada demanda, determinar qué dependencias son competentes, establecer contacto inmediato con las personas manifestantes, instalar mesas de trabajo y dar seguimiento verificable a los acuerdos alcanzados.
La diputada precisó que atender una protesta no significa aceptar automáticamente todas las exigencias. Sin embargo, aun cuando una petición sea inviable jurídica, presupuestal o materialmente, las autoridades estarían obligadas a escuchar, explicar las razones, fundamentar su respuesta y proponer alternativas.
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Pineda Santiago sostuvo que una intervención institucional oportuna también permitiría proteger los derechos de terceros y reducir las afectaciones a la movilidad, el comercio, los servicios públicos y las actividades cotidianas, sin recurrir a la represión o criminalización de quienes protestan.
La iniciativa será sometida a consideración del Congreso de Oaxaca y, en caso de aprobarse, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.