La diputada Irma Pineda Santiago planteó la necesidad de transparentar los criterios utilizados para asignar espacios a estudiantes de educación media superior mediante la estrategia “Mi Derecho, Mi Lugar”, ante las dudas e inconformidades expresadas por aspirantes y familias durante el proceso de admisión 2026-2027.
La legisladora reconoció que la estrategia parte de un principio fundamental: garantizar que las juventudes tengan acceso a instituciones públicas de educación media superior sin que las condiciones económicas, sociales o territoriales representen una barrera.
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Sin embargo, señaló que garantizar este derecho también requiere reglas claras para determinar la asignación cuando la demanda supera la capacidad disponible de determinados planteles.
Pineda Santiago consideró necesario que la autoridad educativa informe qué criterios fueron utilizados: cercanía del domicilio, orden de registro, disponibilidad, preferencias del aspirante, promedio escolar, ubicación territorial o algún mecanismo de prelación.
También solicitó conocer cuántos espacios fueron ofertados y cuántas solicitudes se recibieron; cuáles fueron los planteles con mayor demanda; cuántos jóvenes obtuvieron su primera opción; cuántos fueron canalizados a una segunda o tercera alternativa y si existen aspirantes todavía pendientes de asignación.
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La diputada aclaró que su planteamiento no pretende desacreditar “Mi Derecho, Mi Lugar”, sino fortalecer la estrategia mediante información verificable, procedimientos transparentes y rendición de cuentas.
Para Irma Pineda, conocer únicamente el resultado no es suficiente: las familias también deben poder entender por qué un estudiante obtuvo determinado plantel o fue reasignado a otra institución.
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“Si la estrategia lleva por nombre ‘Mi Derecho, Mi Lugar’, corresponde a la autoridad explicar con absoluta transparencia cómo se determina ese lugar”, sostuvo.
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