Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Irma Pineda lanzó una advertencia firme sobre el funcionamiento del Registro Civil de Oaxaca, al señalar presuntas irregularidades que, dijo, afectan directamente el derecho humano a la identidad. Subrayó que esta institución no es una oficina administrativa más, sino una pieza central para garantizar certeza jurídica a la ciudadanía.
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Pineda recordó que la Constitución obliga a todas las autoridades a prevenir, investigar y sancionar violaciones a derechos humanos, y sostuvo que en el caso del Registro Civil ese mandato ha sido ignorado durante años. Señaló que existen denuncias reiteradas sobre falsificación y alteración de actas, usurpación de funciones, cobros indebidos, exigencia de pagos no autorizados, así como acoso y hostigamiento laboral y sexual dentro de distintas oficialías.
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También expuso la falta de controles administrativos, de supervisión y de trazabilidad en los trámites, lo que deriva en una prestación deficiente o condicionada del servicio público, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de personas.
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La legisladora aclaró que no se trata de una persecución política, sino de una acción de fiscalización responsable. Por ello, urgió a la LXVI Legislatura a exhortar al Director General del Registro Civil a implementar controles de confianza, fortalecer auditorías, iniciar procedimientos administrativos y dar vista a las autoridades competentes cuando existan indicios de delitos.
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Además, planteó la necesidad de capacitación obligatoria en derechos humanos, acciones concretas para erradicar el acoso laboral y sexual, y la obligación de informar con transparencia al Congreso sobre los resultados.
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Al cierre, Irma Pineda fue clara: cada día de omisión implica más daño para el Estado y la ciudadanía. El Congreso, dijo, debe pasar del discurso a la acción y establecer cero tolerancia frente a cualquier conducta que vulnere la legalidad y la dignidad de las personas.
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