En medio de un país que intentaba reorganizarse tras años de conflicto, Benito Juárez firmó el 2 de diciembre de 1867 la Ley de Instrucción Pública, una de las decisiones que marcaron el rumbo educativo de México.
El decreto estableció que la educación primaria debía ser gratuita y obligatoria, además de separar la enseñanza del control religioso. Con ello, el Estado asumió la responsabilidad directa de formar a la población, en un momento donde la alfabetización era limitada y el acceso a las aulas dependía de condiciones económicas o de la Iglesia.
La ley también impulsó materias como lectura, escritura, aritmética y nociones de civismo, buscando formar ciudadanos con herramientas básicas para participar en la vida pública. En la capital del país, sentó las bases para la reorganización de escuelas y la creación de instituciones bajo control civil.
El contexto no era menor. Tras la restauración de la República, luego de la intervención francesa, el gobierno federal apostó por la educación como un pilar para reconstruir el país y fortalecer sus instituciones.
A más de siglo y medio, aquel decreto sigue presente en la estructura educativa nacional. La idea de una enseñanza accesible, laica y bajo responsabilidad del Estado no surgió de forma espontánea: fue resultado de decisiones políticas que cambiaron la relación entre sociedad, conocimiento y poder.
𝗖𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗲 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗶𝗼́ 𝗹𝗲𝘆: 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼́ 𝗮 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼
15/04/2026
Por Redacción
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