En una sala ante reporteras, defensoras y mujeres que han puesto el cuerpo para romper el silencio, la diputada Concepción Rueda Gómez presentó su primer informe legislativo. Lo hizo desde un punto muy específico, la vida de las mujeres no admite regateos y su defensa tampoco tiene pausa.
Recordó que, a lo largo del año, ha señalado agresiones incluso provenientes de hombres con poder, y ha acompañado a quienes deciden hablar cuando el miedo empieza a ceder. “Hemos enfrentado violencias y roto silencios junto a defensoras y activistas”, compartió, dejando claro que su agenda incomoda a quienes preferirían ver a las mujeres fuera de la política o guardando silencio.
A lo largo de su intervención, narró las iniciativas que impulsó en estos dos semestres: desde la armonización constitucional para fortalecer la igualdad sustantiva, hasta propuestas para cerrar la brecha salarial y proteger a niñas, adolescentes y mujeres dentro y fuera de la escuela. Varias siguen en revisión, otras avanzan en comisión, pero todas nacen de realidades que ella escucha en territorio: comunidades que exigen justicia, madres que viven violencia, niñas que crecen en entornos hostiles.
Entre los temas centrales destacó la alternancia de género en el ejercicio público, una reforma que permitiría abrir espacios de decisión para más mujeres, incluidas indígenas y afromexicanas. También defendió ampliar a cinco años la duración de la próxima gubernatura, una discusión que —señaló— debe analizase con responsabilidad, pensando en la estabilidad del estado y la vida cotidiana de su gente.
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Otra iniciativa que subrayó fue la incorporación obligatoria de educación en igualdad y perspectiva de género desde primaria hasta preparatoria. “Los niños entienden cuando se les explica la violencia. La prevención es la ruta para evitar feminicidios”, dijo.
Cony Rueda también habló de un tema que nació desde barrios y costas: la presión inmobiliaria sobre comunidades originarias. Planteó un impuesto adicional a compradores extranjeros, inspirado en prácticas aplicadas en países como España, para evitar que familias oaxaqueñas sean desplazadas de sus propias ciudades y playas.
A esto se suman exhortos dirigidos a instancias estatales y federales: desde pedir escuelas seguras para niñas y adolescentes, hasta exigir información pública en lenguas originarias y denunciar decisiones institucionales que relegan a las mujeres, como la designación de hombres en áreas dedicadas a atender violencias. Uno de los llamados más fuertes fue la solicitud de revocación de mandato al presidente municipal de Salina Cruz, tras la muerte de dos mujeres en circunstancias similares.
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Durante el informe tomaron la palabra la diputada Tania Caballero Navarro y la diputada Eva Diego Cruz, quienes resaltaron que la agenda violeta no es un discurso, sino un terreno donde muchas mujeres, incluso en espacios de poder, siguen enfrentando intimidaciones y acosos. Ambas coincidieron en que el Congreso debe ser un espacio para caminar juntas y sostener las luchas que, por décadas, se apagaron por miedo.
El encuentro cerró con un mensaje que atravesó la sala: en Oaxaca, la violencia de género no es un concepto, es una realidad que golpea hogares, comunidades y cuerpos. Y desde el Congreso —aseguró Rueda— continuará señalándose, acompañándose y legislándose para que ninguna mujer quede sola.
Como siempre, recordó la importancia de que las mujeres en situación de riesgo denuncien con prontitud y busquen apoyo en redes de confianza y autoridades competentes.