𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮 𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗻𝗮𝗿 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝗱𝗶𝗼𝘀.

En Oaxaca, detrás de cada incendio forestal suele haber una chispa humana. Bajo ese escenario, el Congreso local encendió una alerta política y preventiva: los 570 municipios deberán salir a informar, advertir y contener el uso del fuego antes de que vuelva a salirse de control.

Con 30 votos a favor, la LXVI Legislatura aprobó un exhorto de urgente resolución para que ayuntamientos, a través de sus Consejos Municipales de Protección Civil, y en coordinación con comisariados de bienes comunales y ejidales, desplieguen campañas dirigidas a la población rural.

La intención es frenar prácticas que cada año terminan en hectáreas calcinadas. Quemas agrícolas sin control, fogatas mal apagadas o acciones intencionales siguen detrás de una proporción considerable de los siniestros.

El diputado Israel López Sánchez, promovente del punto, puso señaló que el territorio oaxaqueño, con su relieve accidentado y temporadas de sequía cada vez más largas, se convierte en terreno fértil para que el fuego avance sin freno. Los residuos orgánicos, secos, funcionan como combustible listo para arder.

Los municipios, recordó, son la primera línea de respuesta ante emergencias. De ahí la presión para que sus consejos operen de forma activa y no reactiva. En paralelo, los comisariados —que rigen la vida comunitaria bajo sistemas normativos propios— tienen un papel determinante en la difusión de prácticas responsables en el campo.

Las cifras dimensionan el problema. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en 2025 se registraron 6 mil 996 incendios en el país; Oaxaca concentró 196 de ellos, con más de 35 mil hectáreas afectadas. Detrás de esos números hay suelos degradados, fauna desplazada y comunidades en riesgo.

El origen también está identificado: 22 por ciento de los incendios se relaciona con actividades agrícolas y cerca del 19.43 por ciento con causas intencionales. El resto, aunque diverso, vuelve a colocar al factor humano como principal problema.

La legislación no deja margen de interpretación. La Constitución estatal reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, mientras que la federal obliga a garantizar un entorno sano. En los hechos, eso se traduce en prevenir antes de apagar.

El exhorto no apaga incendios, pero coloca la responsabilidad donde inicia: en la decisión de encender o no una llama.