El H. Congreso del Estado de Oaxaca dio un paso clave en la exigencia de justicia para las mujeres. Diputadas y diputados de la LXVI Legislatura aprobaron, de Urgente y Obvia Resolución, un exhorto para que todas las muertes violentas de mujeres en Oaxaca sean investigadas, desde el primer momento, bajo la hipótesis del delito de feminicidio.
El llamado está dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, y fue impulsado por la diputada Concepción Rueda Gómez, quien subrayó que esta medida busca cerrar el paso a investigaciones deficientes, combatir la impunidad y garantizar el acceso real a la justicia para las víctimas directas e indirectas.
El punto de acuerdo establece que las carpetas de investigación deberán iniciarse con perspectiva de género, debida diligencia y enfoque de derechos humanos, conforme a los criterios obligatorios emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Las y los legisladores enfatizaron que solo después de un análisis técnico, objetivo y libre de estereotipos se podrá descartar el feminicidio como línea de investigación. Este enfoque, señalaron, es indispensable para evitar que los casos se minimicen, se clasifiquen erróneamente o queden sin esclarecer.
Durante la exposición de motivos, se recordó que el artículo 1° de la Constitución obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, mientras que el artículo 21 asigna al Ministerio Público la responsabilidad de investigar los delitos con apego a la legalidad y al respeto de dichos derechos.
También se citó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce la violencia feminicida como la forma más extrema de agresión contra las mujeres y obliga a las autoridades a investigar estos hechos con perspectiva de género, eliminando prácticas discriminatorias.
El exhorto retoma criterios emblemáticos como el caso Mariana Lima Buendía, resuelto por la SCJN, que ordena investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde su inicio, así como los estándares internacionales fijados por la Corte IDH en el caso “Campo Algodonero”.
Desde el Pleno se advirtió que fortalecer la procuración de justicia y garantizar investigaciones exhaustivas no solo es una obligación legal, sino una deuda pendiente con las mujeres y sus familias, en un contexto donde la violencia feminicida sigue siendo una realidad dolorosa en Oaxaca.
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