𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝗽𝗰𝗶ó𝗻 𝗶𝗻𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮.

Construir sin permisos, cambiar el uso de suelo en lo oscuro o cerrar los ojos ante desarrollos irregulares ya tiene una tipificación específica en Oaxaca. La Congreso del Estado de Oaxaca aprobó reformas al Código Penal para incorporar el delito de corrupción inmobiliaria cometido por personas servidoras públicas.

Con la adición del artículo 208 Ter, se sancionará a quienes, aprovechando su cargo, autoricen, permitan o toleren edificaciones que incumplan normas de desarrollo urbano, impacto ambiental o protección civil. También se contempla castigo para quienes avalen niveles superiores a los permitidos o alteren inspecciones para encubrir irregularidades.

Las penas van de cinco a diez años de prisión, multas de 500 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena.

El artículo 208 Quáter establece agravantes cuando las conductas dañen el medio ambiente, afecten a personas en situación de vulnerabilidad o generen beneficios económicos directos o indirectos para el funcionario o su entorno cercano; en esos casos, la sanción puede incrementarse hasta en una mitad.

La reforma fue dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, presidida por la diputada Analy Peral Vivar, y promovida por los legisladores Isaías Carranza Secundino y Raynel Ramírez Mijangos.

El desafío ahora será la aplicación efectiva de la norma. En un estado donde el crecimiento urbano avanza con rapidez, la vigilancia y las denuncias ciudadanas marcarán la diferencia entre el papel y la realidad.