La ley también cuenta con un avance que permite que activistas y defensores de derechos humanos puedan presentar demandas civiles en nombre de las víctimas, algo que ayuda a las personas que no están seguras para hacer una denuncia o no tienen la posibilidad de alertar a la policía por sí mismas.
Según la nueva legislación, quienes busquen de manera insistente “modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género” de cualquier persona y que esto influya en la salud física o mental de las víctimas, serán castigados con hasta dos años de cárcel y 34.000 dólares de multa.
Las sanciones pueden aumentar a tres años tras las rejas y pueden conllevar multas de 50.000 dólares en los casos que afecten a menores o personas “especialmente vulnerables”.
“No hay nada que curar”
“Esta ley va dirigida a todos aquellos que relacionan una identidad o una orientación sexual con una enfermedad”, dijo la legisladora Laurence Vanceunebrock, una de las dirigentes de la aprobación de la ley en el Parlamento. “No hay nada que curar”, añadió.
La ministra de Igualdad y Diversidad del gobierno francés, Elisabeth Moreno, calificó las llamadas terapias de conversión de «bárbaras» y dijo a los legisladores que el sufrimiento «muy a menudo deja marcas permanentes en los cuerpos y las mentes».
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró con orgullo en su cuenta de Twitter la aprobación de la ley, asegurando que “estas prácticas indignas no tienen cabida en la República” y que “ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar”.
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