La falta de agua en distintas colonias de la capital del estado ha llevado a que la ciudadanía emprenda distintas acciones de reclamo, entre éstas la presentación de quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por incumplimiento con el derecho humano al agua.
De las 35 presentadas el año pasado, 5 fueron en contra de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa), 1 contra la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el resto contra ayuntamientos principalmente por cortar el suministro como forma de sanción ante lo que consideran un incumplimiento ciudadano. Dentro de los municipios señalados está San Sebastián Tutla, Teotitlán del Valle, Ejutla de Crespo, Santiago Tlazoyaltepec, Ocotlán de Morelos, Tlacolula de Matamoros, San Pablo Huitzo, San Felipe Tejalapam, Santo Domingo Teojomulco, Santa María Atzompa, Ciudad de Tlaxiaco, Santiago Yosondúa, San Martín Huamelulpam, San Pedro Pochutla, San Juan Lalana Choapam, San Andrés Nuniño, Santo Domingo Tehuantepec, San Mateo Etlatongo, Santa Catarina Juquila, Magdalena Yodocono, San Lucas Ojitlán, San Miguel Tequixtepec, Teotitlán de Flores Magón, Valerio trujano, Putla Villa de Guerrero, San Pedro Teutila y Silacayoapam.
«El tema del agua también tiene que abordarse desde un término interdisciplinario e intercultural porque estamos hablando donde hay pueblos originarios que, debido a una decisión de asambleas les cortan el agua».
Elizabeth Lara, titular de la DDHPO destacó que hasta el momento todos los casos se encuentran en investigación por tanto no se ha emitido ninguna recomendación al respecto hacia las autoridades mencionadas.
Estamos documentando, investigando. Nosotros sin prejuzgar la veracidad de los hechos que nos relatan nuestros peticionarios, tenemos que solicitar informes a las autoridades. Estamos en el término para poder dar una respuesta y una conclusión a nuestro expediente», destacó.
La ombudsperson resaltó que el acceso al agua es un derecho humano y constitucional, por tanto, tiene que ser garantizado y el no hacerlo constituye una violación a un derecho fundamental.
«Estamos hablando de que es un recurso fundamental para la vida, es necesaria para todas nuestras actividades domésticas, personales y está concatenado también con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la a la alimentación, al medio ambiente, a la vida, a la salud», expresó.
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