De conformidad con la Constitución local y el artículo 38 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado, el Pleno de la LXV Legislatura local aprobó con 34 votos a favor, la integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca.
La presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, Lizett Arroyo Rodríguez, refirió que luego de la publicación de la convocatoria el 23 de septiembre de 2022 para la elección de cinco integrantes propietarios y suplentes de dicho Consejo, el 31 de octubre de ese año, integrantes de nueve asociaciones y colectivos de búsqueda de personas remitieron el acta mediante el cual designan a dichas personas integrantes a lo que refiere la fracción I del artículo 38 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado.
Detalló que esta fracción establece que este Consejo Estatal Ciudadano debe estar integrado por cinco miembros designados, en consenso, por los grupos o colectivos de personas desaparecidas en el estado, y solo podrán ser familiares de las víctimas; así también por un miembro de la academia, dos expertos en la materia de la Ley General; y dos personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el dictamen emitido por la comisión legislativa mencionada, para la designación de las y los propietarios, así como sus suplentes de este Consejo Estatal Ciudadano, se cumplió con los requisitos establecidos en la ley, “toda vez que tanto los Colectivos de Víctimas, víctimas indirectas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, así como los integrantes de esta Comisión Dictaminadora han certificado su cumplimiento”.
Los representantes a que se refiere la fracción I del artículo 38 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas de Oaxaca, serán designados por cada uno de los colectivos de familias de personas desaparecidas; y los integrantes mencionados en las fracciones II, III, y IV serán designados por el Congreso del Estado de Oaxaca, con el consenso de los colectivos y ratificados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Además, cada integrante titular tendrá un suplente.
Con base a ello, dicho Consejo quedó conformado por los cinco miembros designados, en consenso, por los grupos o colectivos de familias desaparecidas, quienes como propietarios son: Adriana Cruz Cruz, Abigail Cruz Ortega, Ricardo Martínez Santiago, Eider Rafael Álvarez e Iracel Elena Robles.
Como suplentes son: Karina Cruz Cruz, Luis Alejandro Velásquez Hernández, María Aracely Ramírez Salazar, Martha Ángela Santiago Hernández y Wilma Victoria García García.
En lo que refiere a un miembro de la academia, como propietario fue designado Carlos Alberto Díaz Méndez, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales; y como suplente, Yael Sandra Siman Druker, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas.
De los dos expertos en la materia de la Ley General, fueron nombrados como propietarios Eduardo Castillo Cruz, con maestría en derecho privado, y Lidia García Ramírez, con maestría en ciencias penales. En tanto, como suplentes quedaron Eduardo Nicolás Santiago Cruz y Ernesto Fernando Ortega, ambos con licenciatura en Derecho.
De las dos personas defensoras de derechos humanos fueron designadas como propietarias María Isabel Cruz Bernal y María Elizabeth Benítez Cristóbal; y como suplentes, Verónica Valis Villar y Nancy Maribel García.
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